La Ciudad exige a los manifestantes detenidos pagar los daños al Congreso
Jorge Macri, el líder del gobierno de Buenos Aires, afirmó que han proporcionado más evidencias sobre los responsables de los incidentes ocurridos durante el debate de la Ley Bases. ¿Qué implicaciones tendrá esto para los implicados?
Tl;dr
- Jorge Macri demandará a manifestantes por destrozos al Congreso.
- Los daños costaron a Buenos Aires $300 millones.
- Apoya la detención de 14 personas involucradas.
- 16 personas continúan detenidas por orden judicial.
El alcalde de Buenos Aires toma medidas
El alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, ha anunciado una demanda legal contra los manifestantes detenidos por los daños causados al Congreso, que han costado a la ciudad cerca de $300 millones. Macri destacó la intención de “no permitir que en el espacio público se haga lo que quiera, que se destruya”.
Los costos de los destrozos
Macri reveló que la ciudad gastó $278 millones en reparaciones, además de otros $21 millones entregados a siete comerciantes afectados por los destrozos y robos en sus locales. Todo esto ocurrió durante una conferencia de prensa en la que se presentaban las nuevas obras del Plan Hidráulico.
Agresiones durante el tratamiento de la Ley Bases
El líder del PRO criticó las acciones de aquellos que buscaban interrumpir la sesión del Senado, donde se discutía la Ley Bases. Macri respaldó firmemente el pedido de detención de 14 personas por los destrozos en el Congreso, en línea con el fiscal federal, Carlos Stornelli. En sus propias palabras, “quienes cometieron agresiones no son manifestantes, son delincuentes”.
Investigaciones en curso
Macri aseguró que cada caso está siendo investigado por la justicia y que se sigue recopilando pruebas. Por orden de la jueza federal, María Servini, 16 personas permanecen detenidas por los destrozos en el Congreso, siendo investigadas por una serie de delitos graves contra el orden constitucional.
Opinión editorial
La decisión de Jorge Macri de perseguir a los responsables de los destrozos en el Congreso es una fuerte señal de que no se tolerará la violencia en el espacio público. Sin embargo, es crucial que las investigaciones sean justas y transparentes, garantizando que se haga justicia, pero también protegiendo los derechos civiles.